La huida del mundo real
Blog de poesía y política
4.02.2008
GLBTI
Ecuador, 1 de abril de 2008
Manifiesto GLBTI
a los Asambleístas de Acuerdo PAÍS
a los Asambleístas de Acuerdo PAÍS
Estos días en que una cuña publicitaria de la Asamblea Nacional Constituyente recuerda a la ciudadanía los objetivos, compromisos y anhelos de esta institución y del Ecuador entero con frases como Queremos un Ecuador justo o Lucharemos contra la discriminación, los asambleístas de Acuerdo PAÍS, publican una “aclaración” a la ciudadanía, que las personas del colectivo GLBTI lamentamos y condenamos.
Hasta hace unos pocos meses, antes de la campaña para la elección de asambleístas, los partidos y movimientos de izquierda y progresistas del Ecuador, invitaron a varios ciudadanos activistas del colectivo GLBTI (gay, lesbiana, bisexual, transgénero e intersexo) para ser candidatos a la Asamblea, como una forma de inclusión afirmativa que comprometería además la tarea de mantener y ampliar los derechos civiles de los ciudadanos de esta comunidad, para alcanzar la igualdad que reclamamos y nos corresponde, porque también somos ecuatorianos.
El país, y sobre todo los movimientos y partidos de izquierda, deben recordar que hace décadas atrás en Ecuador las mujeres, los indígenas y los afroecuatorianos no tenían derechos ni ejercían su ciudadanía. Incluso mucho antes, a estos dos últimos grupos se les consideraba faltos de alma. Eso que hoy parece inaudito era mantenido con normalidad, pero fue deshecho por el conocimiento humano y la lucha de estos grupos con el apoyo de la izquierda, por corregir esos errores históricos cometidos por los mismos sectores que hoy en día se oponen a la inclusión y reconocimiento de derechos a los ciudadanos GLBTI.
La nueva izquierda, bajo el membrete de “Socialismo del siglo XXI”, que pregona tanto el Presidente Rafael Correa como los asambleístas de Acuerdo País, se ha desnudado como una tendencia conservadora identificada y condescendiente con preceptos que históricamente han sido defendidos por sectores fascistas, la corriente del opus dei en la iglesia católica y ahora el fundamentalismo evangélico, quienes en sus prácticas y prédicas fomentan la exclusión y los crímenes de odio hacia personas GLBTI como se ha comprobado en la represión sufrida desde antaño por homosexuales en la Alemania de Hitler, la España de Franco, el Irán de Ahmanideyad, el Ku, Klux Klan en Estados Unidos y los skinheads (o neonazis) alrededor del mundo.
Lo que plantea el Gobierno y Acuerdo País es una regresión política y el estancamiento social y cultural de la población GLBTI, quienes si no fuera por los enormes prejuicios y el clima mediático de que se alimenta este discurso, saldrían a protestar masivamente en las calles, pues viven una condición similar al racismo y esclavitud de tiempos pasados como cuando los indígenas se negaban a hablar en quichua para evitar ser menospreciados y excluidos.
Una de tantas manifestaciones de ello es el hecho de que en Europa y Estados Unidos hayan miles de compatriotas migrantes GLBTI, que han encontrado calidez y acogida para poder ejercer unos derechos civiles y humanos que aquí no les son permitidos por la presión social y política.
La actual Asamblea estaría repitiendo la HISTORIA DE SIEMPRE (de que los derechos no se los otorgan, sino que se los lucha), si no cambia una decisión que coarta los derechos de un colectivo amplio y silenciado. Si se aprueban estos principios y normas, no le quepa la menor duda a la Asamblea que la comunidad GLBTI luchará en un futuro cercano por una enmienda constitucional que nos restituya los derechos vigentes en la actual carta magna del 98, promulgada, paradójicamente, por una mayoría de derecha.
Si fuese o no cierto que la población GLBTI no ha pedido como dádiva el matrimonio, tal como lo manifiesta el presidente Alberto Acosta y algunos asambleístas de Acuerdo PAÍS, es inconcebible que en una constituyente de mayoría progresista se pretenda mantener al concepto de matrimonio como "la unión entre un hombre y una mujer", excluyendo la posibilidad de que dos mujeres o dos hombres ejerzan un derecho ciudadano a formalizar su unión con la finalidad de obtener derechos y constituir una nueva forma de familia, como de hecho existe con o sin legalidad y como lo reconocen incluso instituciones como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CNNA, amparado en la actual Ley de la Niñez y Adolescencia. Entonces, se pretende establecer desde la Constitución una forma de segregación por motivos de orientación sexual.
Es condenable que en función de encuestas de popularidad o por una estrategia política que creemos es de corto plazo (la consulta popular) y ante el temor de una campaña contraria de parte de la derecha recalcitrante, machista, heterosexista y fundamentalista, el Gobierno y la mayoría de AP, entre ellos un pensador como Alberto Acosta y jóvenes que aparecen como los “rostros frescos” de la política (Ruptura de los 25) han demostrado un clientelismo electoral que nada tiene que ver con la ciudadanización de las decisiones, la inclusión, participación y empoderamiento de las minorías, la justicia y la equidad social.
Al presidente Rafael Correa, al presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a los 78 asambleístas de PAÍS, a líderes que se proclaman de modernos como León Roldós, Martha Roldós, Pablo Lucio Paredes, Mae Montaño, Paco Velasco; a los que han luchado por los derechos humanos y sociales como Amanda Arboleda, Rafael Estévez, Mónica Chuji, Lenin Hurtado, María José Carrión; a los intelectuales como Aminta Buenaño, Tania Hermida, Pilar Núñez y todos los que se identifican como de avanzada y liberales de pensamiento, les recordamos que si se aplicara la teoría que la ciencia sostiene de que la población GLBTI se calcula entre el 10 y 15% de la humanidad promedio, Ecuador tendría una población en público y privado de entre 1,3 a 1,9 millones de habitantes, TAMBIÉN ELECTORES Y CIUDADANOS DE ESTE PAÍS, y que está dispuesta desde ya a hacer campaña por el NO si aprobada en estos términos la nueva Constitución.
En la población GLBTI somos mestizos, blancos, afros, mujeres, ancianos, discapacitados, pobres, ricos, hombres, adolescentes, religiosos y religiosas, indígenas, cholos, desempleados, profesionales, empresarios y políticos. Entonces nuestra situación social y económica es directamente transversal, vinculada a los grandes problemas del país y de las mayorías y con una doble discriminación si la Asamblea aprueba un articulado como el propuesto. Esa sería la herencia de una Constituyente que pretendía ser incluyente, ciudadana y del siglo XXI.
Hasta hace unos pocos meses, antes de la campaña para la elección de asambleístas, los partidos y movimientos de izquierda y progresistas del Ecuador, invitaron a varios ciudadanos activistas del colectivo GLBTI (gay, lesbiana, bisexual, transgénero e intersexo) para ser candidatos a la Asamblea, como una forma de inclusión afirmativa que comprometería además la tarea de mantener y ampliar los derechos civiles de los ciudadanos de esta comunidad, para alcanzar la igualdad que reclamamos y nos corresponde, porque también somos ecuatorianos.
El país, y sobre todo los movimientos y partidos de izquierda, deben recordar que hace décadas atrás en Ecuador las mujeres, los indígenas y los afroecuatorianos no tenían derechos ni ejercían su ciudadanía. Incluso mucho antes, a estos dos últimos grupos se les consideraba faltos de alma. Eso que hoy parece inaudito era mantenido con normalidad, pero fue deshecho por el conocimiento humano y la lucha de estos grupos con el apoyo de la izquierda, por corregir esos errores históricos cometidos por los mismos sectores que hoy en día se oponen a la inclusión y reconocimiento de derechos a los ciudadanos GLBTI.
La nueva izquierda, bajo el membrete de “Socialismo del siglo XXI”, que pregona tanto el Presidente Rafael Correa como los asambleístas de Acuerdo País, se ha desnudado como una tendencia conservadora identificada y condescendiente con preceptos que históricamente han sido defendidos por sectores fascistas, la corriente del opus dei en la iglesia católica y ahora el fundamentalismo evangélico, quienes en sus prácticas y prédicas fomentan la exclusión y los crímenes de odio hacia personas GLBTI como se ha comprobado en la represión sufrida desde antaño por homosexuales en la Alemania de Hitler, la España de Franco, el Irán de Ahmanideyad, el Ku, Klux Klan en Estados Unidos y los skinheads (o neonazis) alrededor del mundo.
Lo que plantea el Gobierno y Acuerdo País es una regresión política y el estancamiento social y cultural de la población GLBTI, quienes si no fuera por los enormes prejuicios y el clima mediático de que se alimenta este discurso, saldrían a protestar masivamente en las calles, pues viven una condición similar al racismo y esclavitud de tiempos pasados como cuando los indígenas se negaban a hablar en quichua para evitar ser menospreciados y excluidos.
Una de tantas manifestaciones de ello es el hecho de que en Europa y Estados Unidos hayan miles de compatriotas migrantes GLBTI, que han encontrado calidez y acogida para poder ejercer unos derechos civiles y humanos que aquí no les son permitidos por la presión social y política.
La actual Asamblea estaría repitiendo la HISTORIA DE SIEMPRE (de que los derechos no se los otorgan, sino que se los lucha), si no cambia una decisión que coarta los derechos de un colectivo amplio y silenciado. Si se aprueban estos principios y normas, no le quepa la menor duda a la Asamblea que la comunidad GLBTI luchará en un futuro cercano por una enmienda constitucional que nos restituya los derechos vigentes en la actual carta magna del 98, promulgada, paradójicamente, por una mayoría de derecha.
Si fuese o no cierto que la población GLBTI no ha pedido como dádiva el matrimonio, tal como lo manifiesta el presidente Alberto Acosta y algunos asambleístas de Acuerdo PAÍS, es inconcebible que en una constituyente de mayoría progresista se pretenda mantener al concepto de matrimonio como "la unión entre un hombre y una mujer", excluyendo la posibilidad de que dos mujeres o dos hombres ejerzan un derecho ciudadano a formalizar su unión con la finalidad de obtener derechos y constituir una nueva forma de familia, como de hecho existe con o sin legalidad y como lo reconocen incluso instituciones como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CNNA, amparado en la actual Ley de la Niñez y Adolescencia. Entonces, se pretende establecer desde la Constitución una forma de segregación por motivos de orientación sexual.
Es condenable que en función de encuestas de popularidad o por una estrategia política que creemos es de corto plazo (la consulta popular) y ante el temor de una campaña contraria de parte de la derecha recalcitrante, machista, heterosexista y fundamentalista, el Gobierno y la mayoría de AP, entre ellos un pensador como Alberto Acosta y jóvenes que aparecen como los “rostros frescos” de la política (Ruptura de los 25) han demostrado un clientelismo electoral que nada tiene que ver con la ciudadanización de las decisiones, la inclusión, participación y empoderamiento de las minorías, la justicia y la equidad social.
Al presidente Rafael Correa, al presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a los 78 asambleístas de PAÍS, a líderes que se proclaman de modernos como León Roldós, Martha Roldós, Pablo Lucio Paredes, Mae Montaño, Paco Velasco; a los que han luchado por los derechos humanos y sociales como Amanda Arboleda, Rafael Estévez, Mónica Chuji, Lenin Hurtado, María José Carrión; a los intelectuales como Aminta Buenaño, Tania Hermida, Pilar Núñez y todos los que se identifican como de avanzada y liberales de pensamiento, les recordamos que si se aplicara la teoría que la ciencia sostiene de que la población GLBTI se calcula entre el 10 y 15% de la humanidad promedio, Ecuador tendría una población en público y privado de entre 1,3 a 1,9 millones de habitantes, TAMBIÉN ELECTORES Y CIUDADANOS DE ESTE PAÍS, y que está dispuesta desde ya a hacer campaña por el NO si aprobada en estos términos la nueva Constitución.
En la población GLBTI somos mestizos, blancos, afros, mujeres, ancianos, discapacitados, pobres, ricos, hombres, adolescentes, religiosos y religiosas, indígenas, cholos, desempleados, profesionales, empresarios y políticos. Entonces nuestra situación social y económica es directamente transversal, vinculada a los grandes problemas del país y de las mayorías y con una doble discriminación si la Asamblea aprueba un articulado como el propuesto. Esa sería la herencia de una Constituyente que pretendía ser incluyente, ciudadana y del siglo XXI.
León Sierra Páez ........................................................Fredy Lobato Fuentes
Etiquetas: Bitácora, Homosexualidades, Política
:: León Sierra huyó a las, 00:15
